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Si como profesional del Trabajo Social estás utilizando la Inteligencia Artificial (IA) este artículo sobre el nuevo reglamento de nuestro país, te interesa.
El 2 de agosto de 2026 comenzó a aplicarse una nueva fase del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) en todos los Estados miembros, incluida España. Aunque el reglamento ya estaba en vigor, desde esa fecha son exigibles nuevas obligaciones relacionadas con la transparencia y determinados sistemas de IA de alto riesgo.
Para las y los profesionales del Trabajo Social, esta normativa supone una oportunidad para incorporar la inteligencia artificial de forma ética, segura y respetuosa con los derechos de las personas usuarias. La clave no es dejar de utilizar herramientas como ChatGPT o Copilot, sino hacerlo con criterios profesionales.
Venga, te dejo que te saltes alguna parte...
¿Qué cambia desde el 2 de agosto de 2026?
La principal novedad es que comienzan a aplicarse las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 50 del Reglamento Europeo de IA. Entre otras cuestiones:
- Las personas deben saber cuándo están interactuando con un sistema de inteligencia artificial.
- Los contenidos generados o modificados mediante IA deben identificarse cuando corresponda.
- Los proveedores y organizaciones deben adoptar medidas para garantizar un uso transparente y responsable de estas herramientas.
Además, esta fecha marca el inicio de la aplicación efectiva de gran parte del Reglamento en la Unión Europea, mientras que otras obligaciones seguirán implantándose de forma progresiva hasta 2027.
Así afecta el nuevo reglamento de IA al Trabajo Social
El Trabajo Social somos una profesión basada en la confianza, la confidencialidad y la defensa de los derechos humanos. Por ello, cualquier uso de la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta de apoyo, nunca como un sustituto del criterio profesional.
En la práctica, el reglamento invita a que las y los trabajadores sociales revisen cómo utilizan estas herramientas en su día a día.
1. La IA puede ayudar, pero no debe tomar decisiones
Una inteligencia artificial puede ser útil para redactar informes, resumir normativa, organizar documentación, preparar materiales de intervención y generar propuestas de actividades.
Sin embargo, no debería decidir por sí sola sobre valoraciones sociales, diagnósticos, prioridades de intervención o concesión de recursos. Estas decisiones requieren supervisión humana y responsabilidad profesional.
2. Proteger siempre la confidencialidad
Uno de los mayores riesgos es introducir información personal en herramientas de IA sin las garantías adecuadas.
Antes de utilizar cualquier plataforma conviene preguntarse:
- ¿Estoy compartiendo datos identificativos y confidenciales?
- ¿Es realmente necesario introducir esa información?
- ¿Puedo anonimizar el caso antes de utilizar la herramienta?
En la mayoría de situaciones, la mejor práctica consiste en eliminar nombres, direcciones, DNI y cualquier dato que permita identificar a la persona usuaria.
3. Informar cuando sea necesario
Si una organización utiliza asistentes virtuales o sistemas automatizados para atender a la ciudadanía, el reglamento exige que las personas sepan que están interactuando con una inteligencia artificial. Esta transparencia fortalece la confianza y evita situaciones de confusión.
La manera correcta de usar la IA en Trabajo Social
La inteligencia artificial puede agilizar numerosas tareas, como la redacción de informes, la elaboración de borradores o la organización de información. Sin embargo, nunca debe sustituir el criterio profesional de la persona trabajadora social. Cualquier contenido generado por una herramienta de IA debe revisarse detenidamente antes de incorporarlo a un expediente, un informe social o cualquier otro documento oficial.
La responsabilidad de las decisiones continúa recayendo en el o la profesional, por lo que la IA debe entenderse como un apoyo y no como un sistema que toma decisiones de forma autónoma.
Aunque las herramientas de inteligencia artificial son cada vez más precisas, no están libres de errores. En ocasiones pueden generar información inexacta, desactualizada o incluso inventar referencias normativas, estadísticas o bibliográficas.
Por este motivo, es fundamental comprobar cualquier dato relevante antes de utilizarlo en el ámbito profesional. Cuando se trate de legislación, procedimientos administrativos o datos estadísticos, la información debe contrastarse siempre con fuentes oficiales y actualizadas. Esta sencilla práctica evita errores que podrían afectar a la calidad de la intervención o a la toma de decisiones.
Cada vez resulta más recomendable que las entidades públicas y privadas que trabajan en el ámbito social desarrollen protocolos internos para regular el uso de la inteligencia artificial. Estos documentos permiten establecer criterios comunes y ofrecer seguridad tanto a los equipos profesionales como a las personas usuarias.
Entre otros aspectos, estos protocolos deberían especificar qué herramientas de IA están autorizadas por la organización, para qué tareas pueden utilizarse, quién es responsable de supervisar los resultados obtenidos y qué medidas deben adoptarse para garantizar la confidencialidad y la protección de los datos personales.
Disponer de una política interna sobre el uso de la IA no solo facilita el cumplimiento del Reglamento Europeo, sino que también reduce riesgos legales, mejora la calidad del trabajo y genera mayor confianza en los servicios prestados.
