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Tras lo sucedido hace unos días, he tenido la necesidad de escribir sobre la protección en el desarrollo de nuestra profesión, el Trabajo Social.
El reciente asesinato de Belén Cortés, educadora social en un piso tutelado de Badajoz, ha conmocionado a la profesión y se ha puesto sobre la mesa un tema relevante: la desprotección que sufren los y las profesionales del ámbito social frente a la necesidad de generar un ambiente de confianza en determinados programas de intervención. ¿Hasta qué punto estamos en riesgo? ¿Cómo equilibrar la seguridad con la relación de ayuda?
Tras lo sucedido, a penas me he pronunciado en redes sociales, porque he necesitado reflexionar y ordenar mis pensamientos. Una vez que lo he hecho, me he animado a escribir este artículo. Un texto basado en mi experiencia, y que para nada pretendo que sea una verdad absoluta; más bien, un espacio de reflexión.
Hace unos años subí una imagen a redes sociales donde comparaba la profesión del Trabajo Social con la de los y las policías. En aquella imagen, quería evidenciar que mientras que los cuerpos de seguridad del Estado acuden a los domicilios en pareja, con móviles y radios, coches equipados y con un arma; mientras que nosotros vamos a cuerpo descubierto.
Por aquella imagen, algunas personas me criticaron. Pero por aquellas no quise hacer referencia que trabajáramos con personas peligrosas, sino evidenciar la diferencia de recursos entre profesiones.
Pero cuando leí la noticia de lo sucedido el domingo, inconscientemente vino a mi mente aquella imagen que diseñé.
Venga, te dejo que te saltes alguna parte...
La paradoja de la protección en el Trabajo Social
Las y los trabajadores sociales trabajamos con colectivos en situaciones de vulnerabilidad, conflicto y, en ocasiones, con antecedentes de violencia. Es un riesgo que asumimos, pero ¿debe ser un riesgo inevitable?
La falta de medidas de seguridad en ciertos recursos deja en evidencia la poca protección con la que contamos en situaciones extremas. Sin embargo, introducir medidas de seguridad demasiado estrictas puede romper la confianza con las personas usuarias, lo que complica la intervención.
Desde mi experiencia, creo que hay recursos donde la figura de una persona de seguridad puede ser contraproducente. Como, por ejemplo, en un centro de día de personas sin hogar de baja exigencia.
Este tipo de recursos, buscan ser un espacio libre y seguro para las personas en situación de sinhogarismo; personas que en su pasado han tenido problemas con la policía y ver una persona de seguridad, les puede generar rechazo.
No obstante, esta decisión no tiene por qué ser permanente. Sí, por ejemplo, se vive una situación de conflicto y de manera temporal es necesario contratar una persona de seguridad, esta medida sería algo beneficioso para el bienestar de los y las participantes.
Como conclusión, la presencia de seguridad puede ser contraproducente. Los pisos tutelados, por ejemplo, buscan ser espacios de reinserción y confianza, donde los menores no se sientan en un entorno carcelario. Introducir vigilantes de seguridad o sistemas de control excesivos podría reforzar la sensación de exclusión y afectar la relación con los y las profesionales.
La falta de recursos y formación específica
Uno de los problemas que también puede existir es la carencia de formación en gestión de conflictos. Muchas y muchos profesionales no reciben preparación suficiente en resolución de crisis o, por qué no, defensa personal. Y aquí es donde me surge esta cuestión, ¿debes tener formación en defensa personal o esto debe estar cubierto por profesionales que garanticen la seguridad?
Además, otro de los grandes problemas que nos enfrentamos a diario es la falta de personal genera situaciones de vulnerabilidad: estar a solas sin un equipo de apoyo puede ser peligroso.
Hoy mismo leía una noticia donde el sindicato CSIF ha denunciado carencias en la prevención de riesgos laborales para los trabajadores de los servicios sociales municipales en Málaga, destacando la sobrecarga de trabajo, el estrés, las agresiones y la falta de medidas de seguridad.
El impacto emocional en los profesionales
Trabajar en contextos de riesgo no solo supone peligro físico, sino también un desgaste emocional enorme. La sensación de inseguridad, el miedo constante y la falta de respaldo institucional pueden provocar altos niveles de estrés, ansiedad e, incluso, abandono de la profesión.
El síndrome de desgaste profesional, conocido como «burnout«, es frecuente en personal sanitario y de servicios sociales, afectando su bienestar y rendimiento laboral.
Se habla mucho del «burnout» por la sobre carga de trabajo que tenemos que soportar, pero no el desgaste que supone enfrentarnos a situaciones de peligro.
Reflexión sobre la Ley del Menor y su aplicación
El caso de Badajoz ha abierto el debate sobre si la Ley del Menor es suficiente para abordar situaciones de extrema violencia en menores con antecedentes delictivos.
Hay quienes piden una reforma para endurecer las medidas en casos graves, mientras que otros defienden que la mayoría de menores son reinsertables y necesitan más recursos educativos y terapéuticos.
En varios países cercanos al nuestro, la edad mínima de responsabilidad penal se establece en los 12 años, como en Bélgica y Holanda, mientras que en Grecia y Francia se fija a partir de los 13 años.
En cambio, en España, los menores de 14 años no pueden ser considerados penalmente responsables por los delitos que cometan. Esto ha dado lugar a casos en los que menores de esta edad han cometido asesinatos u otros delitos graves sin que sea posible aplicarles medidas penales.
¿Cómo mejorar la seguridad sin romper la relación de ayuda?
No existe una única solución, pero sí varias medidas que podrían ayudar a mejorar la seguridad sin afectar la intervención:
- Protocolos claros ante situaciones de riesgo.
- Formación en gestión de crisis para los y las profesionales.
- Tecnología de seguridad, como botones de emergencia o videovigilancia en espacios comunes, podrían ser útiles.
- Equipos multidisciplinares con profesionales especializados en manejo de conflictos.
- Espacios de diálogo con los menores para establecer normas de convivencia.
Pero sobre todo, la contratación del personal suficiente en este tipo de recursos sociales, que en la mayoría de los casos están externalizados en empresas privadas, quiénes no cubren bajas laborales o tienen el personal suficiente, con el fin de ahorrarse dinero.
