Netflix o Amazon: su sistema de suscripción aumenta la pobreza y exclusión

¿Te has parado a pensar la estrategia que usan plataformas como Netflix o Amazon para enganchar a las familias, luego subirlas los precios y así aumentar la pobreza?

Ayer empecé la nueva temporada de la serie Black Mirror, donde hablaban de este tema y lo que me ha inspirado a escribir este artículo.

Lo sé, es una serie de Netflix y voy a hablar de la práctica de esta plataforma. Pero sí, a veces las series también me hacen plantearme ciertas cosas morales.

¿Cómo comenzó todo?

En la última década, hemos observado un crecimiento exponencial en la cantidad de servicios de suscripción en línea, especialmente aquellos relacionados con el ámbito del entretenimiento y la tecnología. Empresas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y otras muchas han configurado una nueva forma de consumir contenido audiovisual que no solo ha revolucionado la industria del entretenimiento, sino también la forma en que las personas gestionan su tiempo de ocio.

A ello se suma la aparición de servicios digitales en otras áreas, como la música en streaming (Spotify, Apple Music) y el comercio electrónico (Amazon, eBay), que utilizan modelos de membresía para ofrecer ventajas exclusivas a sus clientes.

Este fenómeno puede explicarse a partir de la conjunción de varios factores, entre ellos la mayor penetración de internet, el abaratamiento relativo de la tecnología y la tendencia creciente a buscar experiencias digitales personalizadas. En un principio, muchos de estos servicios iniciaron sus operaciones con ofertas muy competitivas o incluso con períodos de prueba gratuitos, lo que facilitó la captación de nuevos usuarios. Sin embargo, con el paso del tiempo y el crecimiento de sus catálogos, dichas plataformas han ido ajustando sus tarifas al alza, ocasionando una consecuencia directa: el acceso continuado a estos servicios se encarece y puede convertirse en un elemento que refuerza la exclusión de aquellos grupos sociales con menor poder adquisitivo.

El presente artículo busca arrojar luz sobre las implicaciones sociales que conlleva la proliferación de servicios digitales basados en suscripciones que comienzan con un coste muy reducido y luego incrementan sus precios. A lo largo de este texto, se analizarán aspectos clave para comprender cómo estas estrategias de mercado pueden agravar la vulnerabilidad económica de ciertos grupos y, además, se plantearán alternativas y posibles soluciones para un uso más equitativo de los servicios digitales.

Para ello, se partirá de las estrategias de captación de usuarios y se explicará cómo se producen las subidas de precio a lo largo del tiempo. Seguidamente, se detallarán los efectos que esto tiene sobre la accesibilidad y la inclusión digital de las familias menos favorecidas. Finalmente, se reflexionará en torno a la responsabilidad social de las empresas y el papel de los gobiernos, para terminar con una conclusión que resalte la importancia del trabajo social en la búsqueda de la justicia social y la equidad en el ámbito digital.

Oferta inicial y estrategia de precios

Las estrategias de captación de clientes adoptadas por plataformas como Netflix y Amazon suelen basarse en la idea de ofrecer un período de prueba gratuito o, al menos, a un coste muy reducido para nuevos suscriptores. Desde el punto de vista del marketing, esta táctica resulta bastante eficaz: los usuarios, atraídos por la posibilidad de explorar un amplio catálogo de películas, series o beneficios en compras sin tener que pagar un precio elevado, se registran con rapidez. Para la empresa, el objetivo es “enganchar” a las personas durante ese tiempo de prueba, con el fin de que desarrollen un hábito de consumo y se sientan familiarizadas con el servicio.

Esta fase inicial, a menudo acompañada de un gran despliegue publicitario, crea la percepción de que se trata de un servicio esencial que merece ser mantenido a largo plazo. Además, los algoritmos de recomendación —especialmente potentes en plataformas de contenido audiovisual— refuerzan esta idea al sugerir de forma personalizada productos, series o películas acordes a los gustos de cada usuario. A medida que el individuo se va acostumbrando a encontrar fácilmente lo que le interesa y a disfrutar de una oferta amplia de entretenimiento, la decisión de permanecer suscrito se torna más atractiva.

Posteriormente, cuando la plataforma ha asegurado una base sólida de suscriptores, empiezan a producirse los incrementos de tarifa. Estas subidas suelen justificarse por una supuesta ampliación del catálogo, por la producción de contenidos originales de mayor calidad o por la necesidad de afrontar costos técnicos más elevados.

El problema radica en que muchos usuarios que se han habituado a disponer de estos servicios se ven, a menudo, en la disyuntiva de asumir el encarecimiento del precio o quedarse sin acceso al mismo. Para las familias con ingresos limitados, esta decisión puede llevar aparejados sacrificios económicos o la exclusión de dicho servicio.

Cambios en la accesibilidad: la brecha digital y sus efectos

Uno de los efectos más claros de la escalada de precios en los servicios de suscripción es la agudización de la brecha digital y la desigualdad en el acceso a contenidos culturales y de ocio. De acuerdo con el concepto de brecha digital, no solo se habla de la mera conexión a internet o de la posesión de dispositivos tecnológicos, sino también de la calidad y continuidad del acceso, así como de la capacidad de cada persona para desenvolverse en el entorno digital (García & Soto, 2019).

En este sentido, el incremento de las tarifas mensuales puede convertirse en una barrera que impida a determinados colectivos, especialmente aquellos con rentas más bajas, acceder de forma estable a estos servicios. De igual manera, la limitación del acceso puede generar un efecto de “desconexión social” o una especie de nueva forma de exclusión cultural, dado que cada vez más conversaciones, referencias y cultura compartida en la sociedad parten de los contenidos que se consumen en estas plataformas. ¿Qué pasa si todo el mundo habla de una serie y tu no tienes acceso a esa plataforma?

Tal y como señalan Martín y Pérez (2020) en su estudio sobre el consumo cultural en entornos digitales, el hecho de no poder seguir una serie de éxito o no tener acceso a determinados productos audiovisuales puede incrementar el sentimiento de marginación dentro de determinados grupos sociales, especialmente en los más jóvenes.

A nivel sociológico, la cultura popular compartida a través de estos servicios de streaming se ha convertido en un factor de socialización muy potente. Series televisivas, documentales, conciertos en directo o estrenos de películas en plataformas digitales forman parte del acervo cotidiano de muchas personas. Aquellos sectores de la población que no pueden permitirse costear estos servicios o que se ven obligados a rescindirlos ante las subidas de precio quedan fuera de conversaciones y experiencias colectivas, perdiendo así oportunidades de participación social (Bello & Ramírez, 2018). Además, es importante considerar que el acceso a este tipo de contenidos no solo es una cuestión de entretenimiento, sino también de educación e información. Numerosos documentales y programas divulgativos se han trasladado casi por completo a las plataformas de streaming, lo cual significa que quienes no puedan permitírselas tendrán menos posibilidades de acceder a esos recursos formativos.

El acceso restringido a las plataformas de suscripción encaja en lo que varios autores denominan “desigualdad digital de segundo nivel” (Bello & Ramírez, 2018). Mientras la primera brecha digital se refiere a la carencia de una conexión básica a internet, la segunda se relaciona con la forma en que las personas utilizan y aprovechan las tecnologías. Así, incluso contando con conexión a internet, las familias con menor poder adquisitivo pueden verse limitadas en el acceso a contenidos de calidad o relevantes, creando una nueva forma de segmentación social. Ante este panorama, se corre el riesgo de perpetuar y agravar la exclusión que ya experimentan muchos colectivos vulnerables.

Por otro lado, hay que destacar que las dinámicas de consumo digital están relacionadas con las pautas de socialización que se desarrollan dentro de las familias. Un hogar que dispone de varios dispositivos y suscripciones a varios servicios de streaming puede crear un ambiente en el que la tecnología y la cultura audiovisual están plenamente integradas en la rutina diaria. Por el contrario, una familia que ve limitada su capacidad de gasto, quizá deba escoger entre mantener la suscripción a un único servicio o prescindir totalmente de ello. Esta decisión, aparentemente trivial, puede impactar en aspectos como el desarrollo educativo de los menores o la capacidad de mantenerse al día con determinados temas, fomentando el aislamiento de la familia con respecto a su entorno social (Morales et al., 2021).

Impacto en las familias vulnerables: efectos sociales de la exclusión

Las subidas de precio y la progresiva consolidación de un modelo de pago por suscripción pueden incidir de manera significativa en los hogares más frágiles a nivel económico. Esto se debe a que, al tratarse de servicios cada vez más habituales, la renuncia a los mismos supone un factor añadido de exclusión social. Estudios como los de Herrera y Domínguez (2020) señalan que, en contextos donde una buena parte de la interacción social y cultural se traslada al ámbito digital, la carencia o limitación del acceso a esos espacios puede ahondar en la sensación de aislamiento y estigmatización.

La exclusión derivada del incremento de precios puede manifestarse de diversas formas:

1. Pérdida de oportunidades de aprendizaje: El acceso a documentales, cursos en línea o materiales educativos que, en ocasiones, se difunden a través de plataformas de suscripción, puede mejorar las posibilidades de adquirir conocimientos. Al no poder costear estos servicios, algunas familias se encuentran en desventaja formativa, lo cual puede repercutir en su desarrollo académico y profesional (García & Soto, 2019).
2. Dificultad para estar al día en la cultura popular: La cultura compartida (series de moda, conciertos en vivo, contenido exclusivo) se convierte en un código de comunicación común. Quienes no acceden a estos contenidos se ven marginados de conversaciones cotidianas, especialmente en ámbitos escolares o laborales, contribuyendo a la consolidación de una brecha cultural y social (Martín & Pérez, 2020).
3. Refuerzo de la desigualdad socioeconómica: Si bien tener acceso a estas plataformas no es el único indicador de bienestar socioeconómico, se ha convertido en un recurso simbólico que, al quedar fuera del alcance de ciertos grupos, subraya su situación de vulnerabilidad. Esta dinámica puede reforzar estereotipos y brechas preexistentes, generando una espiral de exclusión difícil de revertir (Bello & Ramírez, 2018).
4. Tensión en la economía familiar: En algunos casos, las familias, con tal de que los hijos no se sientan desplazados, deciden mantener uno o varios servicios de suscripción. Ello implica reasignar otros gastos básicos o contraer deudas, lo que agrava la precariedad económica. El dilema se sitúa entre el deseo de no quedar fuera de la vida cultural y social y la necesidad de atender prioridades más urgentes, como el pago de alquiler, la alimentación o la salud (Herrera & Domínguez, 2020).
5. Estigmatización y aislamiento: En contextos donde la mayoría de las familias o personas adultas consumen contenidos de determinadas plataformas, quienes no pueden hacerlo corren el riesgo de ser vistos como “atrasados” o “desconectados”. Según Morales et al. (2021), este estigma puede tener un impacto emocional en niños y adolescentes, quienes son especialmente sensibles a la presión del grupo y a la necesidad de encajar.

La consecuencia inmediata de estos procesos es un aumento de la brecha social y económica que, paradójicamente, se origina a partir de servicios que surgieron con la promesa de ser accesibles y democratizar el contenido audiovisual.

Así, mientras los sectores con mayor poder adquisitivo pueden hacer frente a las sucesivas subidas de precio o incluso permitirse múltiples suscripciones simultáneas, los grupos en riesgo de exclusión se ven empujados a renunciar a estos servicios, incrementando su aislamiento respecto al resto de la sociedad.

Responsabilidad de las empresas y regulaciones

En este punto, cabe preguntarse qué responsabilidad tienen las grandes empresas tecnológicas y del sector del entretenimiento en el incremento de la brecha digital y la exclusión de ciertos colectivos. Por una parte, la lógica del mercado libre reconoce el derecho de las compañías a fijar sus precios en función de la oferta y la demanda. Al fin y al cabo, estas plataformas invierten ingentes cantidades de dinero en la producción de contenidos originales, en infraestructura de servidores y en mejorar la experiencia de usuario. Todo ello tiene un coste que, de una u otra forma, ha de repercutir en el precio final del servicio.

No obstante, también debe considerarse el impacto social de estas actividades. Si bien estas empresas no son organizaciones benéficas, su enorme influencia en el ámbito cultural, comunicativo y de entretenimiento las sitúa en una posición de responsabilidad social. Hoy en día, Netflix o Amazon Prime Video no se conciben simplemente como alternativas de ocio, sino como espacios donde se configura parte del imaginario colectivo y se definen las tendencias culturales que van a marcar la sociedad.

Algunos gobiernos han comenzado a plantear medidas de control y supervisión, especialmente en lo referente al pago de impuestos y a la transparencia en las subidas de precio. En ciertos países, se han propuesto leyes para obligar a las plataformas de streaming a incluir una cuota mínima de producción local, lo cual puede repercutir también en el coste del servicio. Sin embargo, el debate sobre la inclusión de tarifas especiales para colectivos vulnerables o la necesidad de imponer topes a las subidas de precio, es algo de lo que apenas se habla.

A pesar de estas dificultades, la cuestión de la responsabilidad social corporativa no puede eludirse. Al igual que las empresas de telecomunicaciones en su momento fueron instadas a desplegar infraestructura y ofrecer planes asequibles en determinadas regiones o para ciertos colectivos, sería razonable abrir la discusión sobre si las plataformas de streaming debieran implementar planes sociales o subvencionados para familias de bajos ingresos. Estos planes podrían ser financiados en parte con los beneficios de las propias compañías, o mediante algún tipo de colaboración público-privada que facilite el acceso a contenidos culturales y educativos. Luego veremos algunos ejemplos.

Alternativas y posibles soluciones

La problemática expuesta no implica que sea necesario renunciar a los servicios de suscripción como modelo de negocio. Se trata, más bien, de encontrar fórmulas que equilibren la rentabilidad empresarial con la equidad social. A continuación, se presentan algunas alternativas y propuestas que podrían mitigar los efectos negativos de las subidas de precio sobre las familias con menos recursos:

1. Planes de tarifa reducida o “básicos”: Muchas plataformas ya ofrecen planes con menor resolución de imagen o con límites de descargas simultáneas a un precio más bajo. No obstante, estos planes podrían mejorar en términos de amplitud de catálogo o en la inclusión de contenidos educativos y culturales sin restricciones. Implementar un modelo de “tarifa social” podría ser un primer paso para evitar la exclusión digital de ciertos grupos; como ya existe con el bono social electrico, por ejemplo.
2. Colaboraciones público-privadas: Podrían establecerse convenios entre las administraciones y las plataformas, mediante los cuales se subvencionen parcial o totalmente las suscripciones de colectivos vulnerables. A cambio, las empresas obtendrían ciertos beneficios fiscales o una imagen corporativa más sólida en términos de responsabilidad social. Este tipo de colaboraciones no es nuevo en el ámbito de las telecomunicaciones, donde ya existen proyectos de banda ancha subvencionada para familias de bajos ingresos.
3. Bibliotecas digitales y acceso comunitario: Otra opción es potenciar la creación de bibliotecas digitales o espacios comunitarios donde se pueda acceder a estos servicios de manera compartida. Por ejemplo, en determinadas zonas o centros educativos, se podría habilitar el acceso a las plataformas para que las personas puedan disfrutar de contenidos culturales sin tener que costear una suscripción individual. Esta modalidad, gestionada por instituciones públicas o asociaciones, reduciría la carga financiera en los hogares más pobres.
4. Educación digital y fomento de la alfabetización mediática: La falta de recursos económicos se entrelaza con la escasa alfabetización digital. Formar a las personas en el uso de tecnologías, en la búsqueda y selección de información o en la exploración de recursos gratuitos y legales de entretenimiento puede contribuir a reducir la brecha digital. Una mayor educación digital ayudaría a la gente a encontrar alternativas de ocio o culturales sin necesidad de suscribirse a múltiples plataformas.
5. Regulación y supervisión de precios: Sin llegar a instaurar controles de precios estrictos, las autoridades pueden desempeñar un papel más activo en la supervisión de las subidas de tarifas. Obligar a la empresa a detallar y justificar los motivos del aumento, así como a garantizar un período de aviso razonable y la posibilidad de que el usuario cancele sin penalización, dotaría de mayor transparencia al sector y protegería a los consumidores.
6. Fomento de la competencia y la diversidad de servicios: Cuantas más compañías ofrezcan contenidos digitales y distintos modelos de suscripción, mayor será la capacidad de elección de los usuarios. Favorecer la competencia de mercado puede presionar a la baja los precios y motivar a las empresas a buscar fórmulas innovadoras para fidelizar a sus clientes sin recurrir únicamente al aumento continuo de tarifas.

Papel del trabajo social ante la justicia social

La expansión de los servicios de suscripción y su progresivo encarecimiento representa, sin duda, un fenómeno complejo que combina elementos de mercado, tecnología, cultura y desigualdad social. Por un lado, el desarrollo de estas plataformas ha supuesto un avance en la forma de consumir contenido audiovisual, ofreciendo a millones de personas la posibilidad de disfrutar de un entretenimiento variado y, en sus inicios, económico. Por otro lado, la estrategia de precios crecientes ha evidenciado la fragilidad de ciertos grupos sociales, que se ven abocados a la exclusión digital y cultural cuando se carece de los recursos económicos necesarios para sufragar las suscripciones.

Lejos de ser una cuestión meramente anecdótica o relacionada únicamente con el ocio, la dificultad de acceso a contenidos de este tipo puede tener repercusiones sociales de calado, como la profundización de la brecha digital y el refuerzo de la desigualdad económica. Aquello que comenzó como una alternativa fácil y barata de acceder a un amplio espectro de entretenimiento se ha convertido, para muchos, en un lujo que no pueden sostener. Como consecuencia, las familias más vulnerables corren el riesgo de quedar doblemente marginadas: por un lado, no pueden costear los servicios de suscripción; por otro, se distancian de las dinámicas culturales mayoritarias, dificultando su plena participación en la sociedad.

En este escenario, el Trabajo Social juega un papel fundamental para promover la justicia social y la inclusión de todos los colectivos en la era digital. Los profesionales del trabajo social están llamados a:

• Sensibilizar a la población y a las instituciones sobre el impacto que la falta de acceso a los servicios digitales puede tener en términos de exclusión social.
• Diseñar y coordinar programas de intervención que incluyan la alfabetización digital como parte de su repertorio de acciones, con el fin de empoderar a las comunidades más vulnerables.
• Medir y evaluar el impacto social de la brecha digital, elaborando diagnósticos precisos que permitan a las autoridades competentes implementar políticas públicas efectivas.
• Mediar en la búsqueda de soluciones que concilien los intereses de las grandes plataformas con la necesidad de garantizar el acceso universal a la información y a la cultura.

La responsabilidad de asegurar que el progreso tecnológico y la expansión del mercado digital no se traduzcan en una mayor exclusión recae en múltiples actores: empresas, gobiernos, comunidades locales y, por supuesto, los propios usuarios.

Sin embargo, el Trabajo Social posee las herramientas y la vocación para situarse a la vanguardia de esta labor, incorporando el componente de justicia social que a menudo queda relegado en las discusiones puramente económicas. De esta manera, se podrá avanzar hacia un modelo de consumo digital más equitativo y sustentado en valores como la solidaridad y la inclusión, garantizando que el potencial transformador de la tecnología esté al servicio de todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica.